Las idas y venidas de la alcaldesa de Lasarte

La alcaldesa dijo en un pleno que en su último viaje de 18 días a Somoto había ido como observadora internacional. Sin embargo su nombre no aparece en el Consejo Electoral, y Euskal Fondoa confirma que no se acreditó como tal. Urchueguía afirmó en otro pleno que el Tribunal Vasco de Cuentas ya había fiscalizado suficientemente los proyectos. Sin embargo, Begoña Marijuán, auditora jefe del TVCP, asegura a DIAGONAL que no se realizó ningún “trabajo específico” al respecto.

Las denuncias por la falta de información sobre los repetidos viajes de la alcaldesa a Somoto se han intensificado después de que se confirmaran las sospechas de que en su último viaje no había ido como observadora internacional, tal como sostuvo Ana Urchueguía (PSOE). Su nombre no aparece en el Consejo Supremo Electoral nicaragüense.

Además, la localidad de Somoto tampoco se halla incluida en la lista de lugares de observación de la Confederación de Fondos, entidad a la que pertenece Euskal Fondoa y cuyo contingente habría supuestamente encabezado. Y ello a pesar de haber presentado en los plenos de los días 11 de diciembre y 17 de enero un documento firmado por Euskal Fondoa que según su versión confirmaría el objetivo de su viaje.

Según el director de la ONG vasca, Juan Manuel Balerdi, la alcaldesa sólo estuvo en Nicaragua “durante la observación electoral” y no se acreditó como observadora internacional. Las actas del Ayuntamiento de Lasarte confirman que se habría ausentado de cerca del 20% de los plenos desde 2003.

El pasado mes de noviembre, la alcaldesa Ana Urchueguía realizaba el último de sus viajes a la localidad nicaragüense de Somoto. Según ella misma declaraba ante el pleno del Ayuntamiento y manifestaba en un decreto aprobado el 26 de octubre, la finalidad de tal viaje era la de “encabezar” la delegación de Euskal Fondoa (EF), de la que ella es vicepresidenta, que participaría en las labores de observación internacional en las elecciones que se celebraron en el país centroamericano el 5 de noviembre.

Contrariamente, en conversación con DIAGONAL, el director de Euskal Fondoa declara: “¿Se trata de saber si Ana Urchueguía estuvo en Nicaragua durante la observación electoral? La respuesta es sí. ¿Estuvo acreditada ante CSE? La respuesta es no”. Una afirmación que explicaría por qué esa supuesta labor de observadora internacional al frente de la delegación vasca se realizara completamente al margen del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense, incumpliera el Reglamento de Observación electoral publicado por ese organismo y que tampoco participara en las actividades relacionadas con las elecciones que Euskal Fondoa realizó los días inmediatamente anteriores y posteriores a los comicios.

Al margen del CSE
El pasado 17 de diciembre, Estitxu Alkorta, concejala por el PNV, hacía público en un pleno del Ayuntamiento de Lasarte que el nombre de Ana Urchueguía no aparecía en la lista oficial de observadores internacionales del CSE nicaragüense. La alcaldesa respondía: “Para ir de observadora tiene que ser a través de uno de los partidos de allí y como me niego a elegir uno, tengo libertad de movimiento, allí me conoce la gente y no tengo que inscribirme en el CSE de Nicaragua”. Algo que de ser cierto supondría haber actuado contra el Reglamento del CSE, que deja muy claro que toda labor de observación electoral debe pasar por su organismo, y en el que se afirma que “los observadores electorales se abstendrán de hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de organización política o candidato alguno”; cosa que, por otro lado, fuentes de Somoto, que deben mantener el anonimato para garantizar su seguridad (ver página 17), denuncian que Ana Urchueguía incumplió reiteradamente.

Proselitismo político
El día después de las elecciones, sin que el escrutinio hubiera acabado, Ana Urchueguía participaba en la marcha de celebración de la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Marcio Rivas, alcalde de Somoto y presidente de Asodecom. El día 3 de noviembre, dos días antes de los comicios y ya vigente la prohibición de hacer actos partidistas, durante un acto de entrega de los “certificados de propiedad” de una serie de viviendas, Marcio Rivas, acompañado de la alcaldesa de Lasarte, declaraba, ante las acusaciones de aprovechar el acto para hacer campaña electoral, que eso era una falsedad, “porque ustedes ya están decididos desde hace mucho tiempo por cuál es la verdadera opción para este país”. Ana Urchueguía manifestaba: “La solidaridad entre los pueblos (…) es un concepto sólo asumible desde posiciones progresistas”. Sugerencias que podrían incumplir el artículo 97 de la Ley Electoral nicaragüense según la cual “72 horas antes del día de las votaciones cesará toda actividad de la campaña electoral”. El hecho de que haya dudas sobre la legalidad de esos certificados entregados (ver recuadro inferior) no hace más que incrementar la polémica.

Informes contradictorios
En un informe de la Confederación de Fondos, Somoto no aparece como destino de observación de Euskal Fondoa, pero sí en la “versión” que se puede consultar en la página web de la entidad vasca, coincidiendo palabra por palabra en el resto del escrito. Un hecho que explicaba así Juan Manuel Balerdi: “La respuesta misma la dio la vicepresidenta [Ana Urchueguía]. En el sentido de que ella no se ha acreditado ante el CSE. Euskal Fondoa valida su papel en la observación por cuanto que rindió a petición de la junta directiva un informe, y así consta en el acta”. Un viaje de 18 días, lejos de los seis que según el informe de la Confederación de Fondos duraron las labores de observación, y que se suma a una larga lista de ausencias y viajes a la localidad nicaragüense como parte de sus labores de cooperación.

CERTIFICADOS DE PROPIEDAD SIN VALIDEZ LEGAL
El día 3 de noviembre, dos días antes de las elecciones, se celebraba en Somoto un acto multitudinario en el que se hacía entrega a los beneficiados de los “certificados de propiedad” correspondientes a diversos proyectos de construcción de viviendas para población desfavorecida: “Las viviendas que entregamos hoy son 283 en la zona rural y 227 en la zona urbana”, manifestaba Marcio Rivas. Ana Urchueguía declaraba: “Me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes para proceder a la entrega de estas viviendas”, y destacaba en varias ocasiones que “la confianza es clave en toda gestión a desarrollar, clave y fundamental”.

Sin embargo, al margen de lo muy poco frecuente que es no entregar en estos casos directamente la escritura de propiedad, diversas fuentes legales nicaragüenses consultadas por DIAGONAL declaran que el “certificado” entregado “no tiene ningún efecto legal, sólo moral” y que “a la persona la pueden desalojar ya que ella no es propietaria de nada a efectos legales”, a pesar de que en el acto se les declaraba ya legítimos propietarios.

En la legislación nicaragüense, el certificado supone el testimonio de entrega de la propiedad hasta que la escritura sea formalizada, para lo cual tiene un plazo determinado. Marcio Rivas reconocía este punto ese mismo día: “Recuerden, compañeras, que tienen responsabilidades, que hay que asumir responsabilidades, recuérdenlo. Nosotros vamos a hacer ya efectiva la entrega con escritura pública tres meses antes de que nosotros nos retiremos de la administración municipal. Lo que ustedes tienen ahí es el certificado de propiedad de la vivienda”. Sin embargo, para que el certificado entregado tuviera alguna validez legal, tendría que haber ido al menos acompañado por un título supletorio realizado por un notario mientras se gestionan las escrituras.

Un certificado que además arroja otras dudas. Tal y como aparece en el mismo, se trata del “Proyecto Viviendas 2006 financiado por la Diputación de Sevilla y ejecutado por Asodecom”. En el mismo figuran las firmas de Marcio Rivas como presidente de Asodecom (y no como alcalde, como podría desprenderse de su discurso durante el acto) y de Ana Urchueguía como alcaldesa de Lasarte. La razón por la que no aparece la firma de ningún miembro de la Diputación de Sevilla y sí la de Ana Urchueguía en un proyecto financiado por la entidad andaluza arroja más dudas sobre los “certificados” entregados.