En apoyo a la plataforma ribera por el tren social

En los últimos años hemos asistido a una evolución de la política de transportes totalmente desfavorable al ferrocarril convencional, fundamentada en una apuesta desmesurada hacia el transporte por carretera y con una clara orientación hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos.

Desde el Ministerio de Fomento se pretende disfrazar como impulso al ferrocarril la creación de infraestructuras exclusivas para la alta velocidad, paralelas a las existentes, al tiempo que constantemente se cierran líneas, estaciones y talleres, y se eliminan servicios. La red ferroviaria está sufriendo, a consecuencia del carácter secundario que deliberadamente se está otorgando al ferrocarril, una constante disminución; los ciudadanos se están viendo privados de un servicio público y de un elemento fundamental de integración.

La construcción de líneas de alta velocidad está siendo el objetivo exclusivo y excluyente de la política ferroviaria del Gobierno del PSOE. Al tiempo que se invierten enormes cantidades de fondos públicos en las líneas AVE, a pesar de su baja rentabilidad social y de su grave y negativo impacto ambiental y territorial, se está dejando morir, anémico de inversiones, al ferrocarril convencional, olvidando sus claras ventajas sociales, ambientales y energéticas.

El ferrocarril debe seguir siendo un servicio público de propiedad pública, fomentando su utilización como medio prioritario de transporte, que integre en sus cuentas el ahorro en costes externos, de los que el usuario debe beneficiarse mediante servicios adecuados y tarifas asequibles. El ferrocarril debe garantizar una total accesibilidad, y promover la utilización conjunta de otros medios de transporte ecológicos como la bicicleta.

Una prueba clave en el proceso de degradación del ferrocarril es la constante pérdida de empleo y la creciente precarización laboral. En los últimos años se han perdido en RENFE decenas de miles de puestos de trabajo, lo que ha generado la privatización y el cierre de numerosos centros de trabajo y la desaparición de múltiples servicios.

Los numerosos accidentes ocurridos en los últimos años son el resultado de lustros de abandono y consecuencia directa de la reducción de plantilla, al no contar las empresas ferroviarias ni con las partidas presupuestarias para mejorar las instalaciones de seguridad, ni con el personal suficiente para garantizar la seguridad en la circulación, mantener la infraestructura y el material motor en condiciones óptimas de seguridad.

Los Gobiernos del PP primero y PSOE después han impuesto la privatización del ferrocarril, siguiendo el fracasado modelo británico, mediante una Ley del Sector Ferroviario cuya base es la segregación de las empresas ferroviarias, la división posterior en numerosas empresas operadoras privadas y el cierre de las líneas en las que el capital privado no tenga un interés específico. Las consecuencias son la profundización en el abandono del ferrocarril convencional, la desaparición del carácter público y social del ferrocarril y una drástica merma de la seguridad.
El Gobierno ha hurtado a la sociedad el debate sobre el futuro del ferrocarril, imponiendo un proyecto rechazado de forma unánime por organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y partidos políticos. Esta situación se produce, además, en un momento en el que están fracasando de manera evidente todas las medidas liberalizadoras, incluso las más tímidas, que se están llevando a cabo en los diversos ferrocarriles comunitarios.

El ferrocarril debe garantizar la seguridad por encima de cualquier otro criterio, para lo que es imprescindible mantener el concepto de empresa integrada con empleo estable y un marco laboral común, con adecuados niveles de inversión.

El AVE se ha desarrollado a costa del tren convencional como un parásito, detrayendo las inversiones necesarias para su mantenimiento, lo que ha generado averías, retrasos y perdidas de clientes en líneas regionales, y múltiples problemas y demoras en los servicios de cercanías de las capitales que tiene la suerte de tenerlos.

Porque el AVE es un transporte elitista, ya que sus altas tarifas sólo son asumibles por yuppies con miedo a volar deseosos de abandonar el puente aéreo, ejecutivos de empresas y funcionarios en viaje de trabajo, pero no por trabajadores asalariados y menos por jubilados, estudiantes y mileuristas.

Porque allí donde se ha implantado el elitista AVE (líneas Madrid-Andalucía, Lleida-Zaragoza-Madrid, etc.) han desaparecido los servicios de tren convencional y encarecido los precios, relegando a los usuarios menos pudientes sin otra alternativa que el transporte por carretera en autocar.

Porque muchos usuarios estábamos satisfechos viajando en tren a la velocidad máxima permitida a un automóvil en autopista con una tiempo de duración de viaje razonable y nos hemos quedado sin ferrocarril.

Porque nos gusta acompañar y recibir a familiares y amigos hasta el tren en el andén, y con más motivo si son mayores o están enfermos o impedidos para ayudarles con el equipaje, o ser acompañados y recibidos por ellos, y hacerlo con libertad, cosa que ahora con el AVE es imposible porque sólo pueden acceder al andén y al tren los viajeros con billete bajo la extralimitada vigilancia de los seguratas.

Los/as ciudadanos/as, al mismo tiempo usuarios y propietarios del ferrocarril, debemos participar activa y directamente en las decisiones que conciernan a un ferrocarril que es un patrimonio colectivo y que debe estar al servicio de la comunidad. Las organizaciones sociales y ciudadanas tienen el deber de manifestar, de forma contundente, el rechazo a una política de transportes guiada por intereses económicos particulares, insostenible y contraria a los intereses de la sociedad.
Debemos denunciar el lamentable estado en el que se encuentra la mayor parte de nuestra red ferroviaria y exigimos la potenciación y mejora del ferrocarril por sus indudables ventajas ambientales, económicas y sociales.

Debemos reiterar nuestra total oposición a la construcción de nuevas líneas exclusivas para la alta velocidad (AVE) y la progresiva implantación de una doble red ferroviaria
Debemos reclamar la apertura de un debate riguroso y transparente sobre el futuro del ferrocarril que analice su situación actual y proponga soluciones a las necesidades reales de la sociedad.
Debemos exigir el mantenimiento del ferrocarril como servicio público de titularidad pública.
Debemos oponernos a la segregación y privatización del ferrocarril que genera la Ley del Sector Ferroviario y al PEIT 2005-2020 del Gobierno del PSOE, que dedica los máximos esfuerzos al modelo de transporte “todo AVE”.

Por todo ello hago un llamamiento a la ciudadanía navarra para que se movilice contra el AVE y en defensa de un ferrocarril sostenible y seguro, público y social, apoyando a la Plataforma Ribera por el Tren Social y a las asambleas Anti-TAV de Pamplona, Sakana y Tafalla,