Wednesday, November 23, 2005
Langile mugimendua
El dinero abre una brecha entre UGT y CCOO
La decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero de otorgar, vía Real Decreto Ley, al sindicato afín UGT, la cantidad de 151 millones de euros en concepto de devolución de Patrimonio, ha llenado de ira a la dirección de CCOO
La famosa “unidad de acción” entre los sindicatos UGT y CCOO, no esta atravesando por el mejor momento. La afinidad de ambos en la defensa del sistema, sigue inquebrantable, pero se ha abierto una brecha por donde más les duele: el dinero. La decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero de otorgar, vía Real Decreto Ley, al sindicato afín UGT, la cantidad de 151 millones de euros en concepto de devolución de Patrimonio, ha llenado de ira a la dirección de CCOO. A nadie se le escapa que el Real Decreto, que mañana será sometido a convalidación en el Congreso de los Diputados, beneficia a la UGT, quien, debido a la crisis de la PSV, tuvo que solicitar un crédito al ICO que avaló con su patrimonio histórico y que por cierto aún no ha sido pagado. El sindicato anarquista CNT, sale claramente perjudicado de este reparto.
Agencias/inSurGente.- En una rueda de prensa, Fidalgo señaló que en este documento también se refleja que en las cuentas corrientes 'queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo'.
Así, el secretario de CCOO desveló que su sindicato se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos para instarles a que 'no apoyen' este Real Decreto Ley, ya que el Estado no puede otorgar a nadie como devolución del Patrimonio Sindical Histórico 'lo que documentalmente no se puede acreditar como tal'.
Según Fidalgo, 'muchos de los grupos políticos desconocían el texto' revelado hoy por CCOO, al tiempo que calificó este Real Decreto como 'un atentado contra el derecho a la libertad sindical' por 'pretender subsidiar de manera artera, con el erario público, a una organización sindical y no restituir un patrimonio cuya acreditación en la memoria justificativa pone en duda'.
Fidalgo también pidió la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie 'fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)'.
Por ello, el dirigente sindical calificó esta iniciativa del Gobierno de 'injustificada y reprobable' y señaló la preferencia de su sindicato porque 'no haya que recurrir a litigios jurídicos' para resolver este asunto, por lo que recalcó la necesidad de que el Parlamento vote en contra de esta medida.
El secretario general dijo que la postura de su sindicato 'no va en contra de UGT', al tiempo que afirmó que CCOO 'no está litigando por obtener ninguna subvención', sino en luchar porque se cumpla la legalidad.
Fidalgo también se hizo eco de un informe solicitado por CCOO a la consultora PriceWaterhouseCoopers, que asegura que los argumentos utilizados por el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto 'no cumplen los requisitos para la utilización de este Real Decreto Ley'.
Agencias/inSurGente.- En una rueda de prensa, Fidalgo señaló que en este documento también se refleja que en las cuentas corrientes 'queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo'.
Así, el secretario de CCOO desveló que su sindicato se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos para instarles a que 'no apoyen' este Real Decreto Ley, ya que el Estado no puede otorgar a nadie como devolución del Patrimonio Sindical Histórico 'lo que documentalmente no se puede acreditar como tal'.
Según Fidalgo, 'muchos de los grupos políticos desconocían el texto' revelado hoy por CCOO, al tiempo que calificó este Real Decreto como 'un atentado contra el derecho a la libertad sindical' por 'pretender subsidiar de manera artera, con el erario público, a una organización sindical y no restituir un patrimonio cuya acreditación en la memoria justificativa pone en duda'.
Fidalgo también pidió la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie 'fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)'.
Por ello, el dirigente sindical calificó esta iniciativa del Gobierno de 'injustificada y reprobable' y señaló la preferencia de su sindicato porque 'no haya que recurrir a litigios jurídicos' para resolver este asunto, por lo que recalcó la necesidad de que el Parlamento vote en contra de esta medida.
El secretario general dijo que la postura de su sindicato 'no va en contra de UGT', al tiempo que afirmó que CCOO 'no está litigando por obtener ninguna subvención', sino en luchar porque se cumpla la legalidad.
Fidalgo también se hizo eco de un informe solicitado por CCOO a la consultora PriceWaterhouseCoopers, que asegura que los argumentos utilizados por el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto 'no cumplen los requisitos para la utilización de este Real Decreto Ley'.
Gehiago
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